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 Juego online: La provincia llamaría a licitación  

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Se pusieron de acuerdo, enviaron los proyectos de ley y casi al unísono llegaron a los recintos para la votación. La necesidad de sumar recursos ante el ajuste fiscal los unió también en este tema, pese a que se trata de una cuestión polémica que ya genera rechazos. La Ciudad y la Provincia de Buenos Aires legalizarán el juego online, un mercado que crece de a poco pero que hasta ahora era totalmente en negro. Así, a partir del año próximo, tanto los porteños como los bonaerenses podrán, por ejemplo, apostar a los resultados de los partidos de fútbol. Además, ambos Estados les cobrarán un 2% a cada jugada ganadora en las máquinas tragamonedas.



La Legislatura bonaerense ya aprobó la ley para regular las apuestas vía internet, en el marco de la discusión por el Presupuesto para el año que viene. La Legislatura porteña, en cambio, ya despachó el texto que se tratará este jueves en el recinto, y como el bloque oficialista Vamos Juntos cuenta con 34 de los 60 votos, conseguiría sancionarlo.

¿Cómo funcionará el sistema? En el caso bonaerense, la Lotería provincial llamará a licitación para otorgar siete licencias para explotar el juego online. Definieron esa cifra porque es una cantidad que les parece controlable. Se podrá presentar cualquier empresa que cumpla con diversos requisitos técnicos (por ejemplo, la seguridad del software). Se descuenta que habrá interés de parte de los grandes protagonistas internacionales del mercado, como Bwin o Pokerstars. Pero los extranjeros deberán asociarse con algún empresario local, que tendrá que controlar al menos el 15% de la firma.

Según estiman en la Provincia, llamarían a licitación a fines de enero, para que las siete operadoras empiecen a trabajar a fines de marzo. Podrán explotar varios tipos de juegos: desde turf o casinos virtuales hasta los resultados de fútbol y otros deportes. Para evitar suspicacias, sólo se autorizarían los partidos de Primera A o los torneos de ATP, por ejemplo. Tampoco podrán participar deportistas ni dirigentes de clubes.

La carga impositiva para los licenciatarios será alta. Deberán pagar un 15% de Ingresos Brutos, más un 8% de un tributo específico para la actividad y un 2% de canon. En total, 25% de su facturación. Con esto, la Provincia calcula recaudar unos $ 2.500 millones al año. Para el fisco bonaerense significará un recurso impositivo nuevo en un contexto de ajuste fiscal, luego de la pérdida de fondos que sufrió el Gobierno de María Eugenia Vidal producto de la negociación que la Nación encaró con las otras provincias para aprobar el Presupuesto 2019 en el Congreso.

Lo que se recaude por estos nuevos impuestos se destinará a fines sociales, como salud, educación o vivienda. Además, le permitirá a Vidal tener un nuevo recurso para calmar a los intendentes, porque de lo que se recaude con el 2% del canon, un 10% se distribuirá entre los municipios.

El esquema que propone el Gobierno porteño es bastante similar, aunque con algunas diferencias. Por ejemplo, la licitación que hará Lotería de la Ciudad no estipulará un máximo de licencias a otorgar, sino que lo irán definiendo según la demanda que encuentren en el mercado. Por el lado impositivo, les cobrará un 6% de
Ingresos Brutos y luego un canon para llegar hasta el 25% de la facturación, en total y como máximo.
Como todo lo relacionado al juego, la decisión de ambos gobiernos despertó críticas. Tras la sanción de la ley bonaerense, la Iglesia emitió un comunicado, a través de la Pastoral de Adicciones, en la que advirtió que con el juego online "cada casa podría convertirse en un casino". A esto, el presidente de Lotería de la Provincia, Matías Lanusse, le respondió con una carta en la que aseguró que la nueva normativa “nos permitirá ejercer límites para proteger a los vecinos, reducir el riesgo de adicción (a la ludopatía) y establecer un marco legal para que la actividad no crezca”.

En ambos Gobierno aclaran que quienes quieran jugar online deberán crear un usuario con sus datos reales. Esto permitirá identificar, y prohibir, que jueguen quienes reciben planes sociales, por ejemplo.
Lo que sí ya fue votado por ambos y con proyectos casi idénticos es la creación de un nuevo impuesto a las apuestas en las tragamonedas. No al pozo final, sino a cada jugada que entregue premio, aunque al final el apostador termine perdiendo todo. La Ciudad fijó una alícuota del 2%, con la que espera recaudar $ 2.000 millones anuales. La Provincia podrá fijar una carga de entre 1% y 3%, con lo que conseguiría unos $ 6.000 al año. En ambos casos, los fondos irán a inversiones sociales.
Relación sinuosa, decisiones pendientes

La relación del macrismo con el juego fue siempre sinuosa. Así como algunas de sus figuras, como Gabriela Michetti o la propia Vidal, se manifestaron públicamente en contra de la actividad, cuando Macri era jefe de Gobierno, y tras un acuerdo con el kirchnerismo, en 2013 promovió un nuevo convenio con los explotadores del juego, entre ellos el entonces poderoso Cristóbal López. Planteaba que las empresas iban a pagar más canon pero si la Ciudad no reclamaba deudas impositivas. El cuestionado acuerdo fue bloqueado por la Justicia.
El año que viene el Gobierno porteño deberá resolver el futuro de los barcos-casino, porque en octubre vence el contrato de los actuales operadores. La Constitución porteña prohíbe la explotación privada del juego, sólo se permite si es estatal. Hasta ahora no hubo una decisión oficial.

¿Riesgo de partidos arreglados?

¿Cómo evitar que un equipo de fútbol, un tenista, un boxeador o un dirigente arregle un resultado deportivo para favorecerse con las apuestas? El riesgo existe, y sobran los antecedentes en todo el Mundo.
Entre los recientes, se cuenta la sanción contra el tenista argentino Nicolás Kicker, suspendido en mayo por tres años, acusado de haber arreglado partidos. Federico Coria, hermano de Guillermo, también fue castigado, pero por no denunciar que había sido tentado para perder a propósito.

Tanto en Ciudad como en Provincia aseguran que lo evitarán mediante la regulación. Por un lado, no les darán licencias a dirigentes de clubes o federaciones, deportistas, árbitros ni nadie que esté relacionado con las actividades sujetas a las apuestas. Sólo permitirán apostar en torneos de tenis de ATP o el fútbol de Primera A y no en torneos menores, agregan. Tampoco estarán habilitados quienes tenga antecedentes penales.

Fuente:www.clarin.com

 

 

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